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Oct 2011 24

Reforma a la Ley 30 de 1992 (educación superior): la opinión del gobierno

El siguiente texto es una parte del “ABC” de la reforma a la Ley 30 realizado por el Ministerio de Educación Nacional meses atrás. Aquí se recogen las principales motivaciones por las cuales se presentó al Congreso de la República el proyecto de ley que hoy es debatido por el país.

El documento completo del ABC puede ser consultado aquí. Los invitamos también a leer el texto del proyecto de ley (el cual puede ser consultado dando click aquí) y a plasmar sus opiniones en este foro.

ABC del proyecto de reforma a la educación superior en Colombia

La inversión en educación, el mejor negocio que puede hacer un país

¿Por qué proponer una reforma en este momento?

Porque aún cuando la Ley 30 de 1992 le dio un giro y una gran dinámica al sector, las condiciones socioeconómicas, tecnológicas, demográficas y culturales en el país y en el mundo han cambiado enormemente en estos 18 años.

Porque, 18 años después, es evidente el cambio en las estructuras del sistema que empiezan a ser insuficientes para responder a las demandas sociales de cupos, de formación de alto nivel, de conocimiento, de innovación y en general, de soluciones a sus problemas.

Porque en 2010 el número de bachilleres fue de 625.466 jóvenes. La cifra aumentó en un 50% desde 2002, cuando en el país se graduaron 414.424. En el 2014 se esperan casi 800.000 bachilleres.

Porque entre el 2000 y el 2010, el número de bachilleres que no ingresaron a la educación superior o que ingresaron pero en algún momento desertaron de ella fue de 3.226.000. Esta realidad implica necesariamente la búsqueda de mecanismos de ajuste en la política de educación superior y en el sector.

Porque para todos ellos, debe asegurarse el ingreso a la educación superior con programas pertinentes y de calidad. Tenemos que ser capaces de generar una mayor oferta de instituciones y programas de educación superior de calidad que garanticen el acceso a los jóvenes de bajos recursos.

Porque tener más de 3.200.000 jóvenes bachilleres fuera del sistema tiene repercusiones en la economía. No se puede olvidar que la mayor tasa de desempleo del país está precisamente entre los jóvenes de 17 a 24 años, casi el doble que la del resto de la población. Por eso la Ley 30 de 1992 –con los beneficios que trajo en su momento– no se ajusta a los desafíos que tenemos por delante.

Porque 12 años después de funcionamiento del sistema de acreditación, tan solo el 13% de los programas de pregrado cuenta con acreditación de alta calidad, el 13,5% de los docentes en tiempo completo equivalente cuenta con doctorado, lo que sumado a la baja producción científica y visibilidad de la misma, origina que ninguna universidad colombiana aparezca entre las 15 primeras de América Latina ni entre la primeras 500 del mundo.

Porque si queremos dar el salto al desarrollo y ser la promesa cumplida de los CIVETS1 y hacer realidad los pronósticos del HSBC, Colombia necesita un sistema de educación superior acorde a nuestras realidades y metas.

Porque de hecho, para ingresar a la OCDE, esa organización de países con buenas prácticas a la que estamos postulando, debemos mostrar mejores indicadores en cuanto a formación académica.

Y porque para que todo esto sea una realidad, necesitamos incrementar los recursos públicos y privados para el sector.

¿Qué se busca con la reforma?

Consciente de que la educación es la mejor inversión que Colombia puede hacer, la reforma plantea los siguientes cuatro objetivos, guardando siempre el principio de la autonomía universitaria:

- Promover mayor calidad. Vamos a generar las condiciones para que haya una mejor oferta a través del mejoramiento de la calidad de los programas académicos y la ampliación de las fuentes de recursos.

- Generar condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se gradúen de la educación superior a través de la ampliación de la oferta de programas de calidad; la promoción del acceso y la permanencia y el fortalecimiento de las fuentes de financiación a los estudiantes; flexibilizar la oferta educativa, y fortalecer la participación regional.

- Adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.

- Y fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.

En recursos, ¿cuánto va a recibir el sector de la educación superior por cuenta de la nueva Ley?

Un esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado, producto de este proyecto, podrá representar una inversión de $2.4 billones adicionales para el sector en los próximos 3 años. De esos recursos, el Estado destinaría $410.000 millones a las instituciones y otros $774.000 millones a créditos y subsidios para los más necesitados, con lo que será posible que para el año 2014 más de 2.200.000 estudiantes se encuentren estudiando en programas pertinentes y de calidad.

¿Es cierto que con esta reforma el gobierno está acabando con la educación pública?

Todo lo contrario. Colombia necesita invertir en educación. La reforma prevé, además del incremento por inflación, un aumento gradual de los recursos del Estado a las instituciones públicas hasta llegar a un 3% anual. Esos aportes serán distribuidos con base en el mejoramiento de la calidad de cada institución, la formación y la productividad docente; los resultados de investigación y el aumento de cobertura, especialmente en las regiones. Estos recursos adicionales, a excepción de los asociados a la investigación, se mantendrán en la base presupuestal de los siguientes años.

Además, se aumentarán entre un 30% y 50% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) los aportes adicionales de la Nación, dependiendo del crecimiento del PIB.

Pero esto no es suficiente. Por eso, otra medida que contempla esta reforma es que la Nación y las entidades territoriales puedan hacer aportes adicionales –sin incrementar la base presupuestal- para la inversión en proyectos específicos de infraestructura y ambientes de aprendizaje.

Es importante tener en cuenta que, entre 2007 y 2010, los aportes de la Nación a las universidades públicas presentaron un crecimiento de 9.2%, lo que demuestra el esfuerzo del Gobierno Nacional de aumentar y asegurar los recursos girados a las instituciones. Parte de esto se evidenció en 2009, cuando el Congreso de la República aprobó entregar $160 mil millones (de éstos, $30 mil millones para Colciencias) a las instituciones de educación superior, dineros que hacen parte de la base presupuestal de las mismas.

Además, y de forma paralela a la reforma, actualmente cursa en el Congreso el proyecto de Ley que busca que el 10% de las regalías vayan a investigación e innovación, lo que significaría que entrarían al sector $2.5 billones para investigación en los próximos años, y en cuya ejecución las instituciones de educación superior deberán jugar un papel preponderante.

Aún con todo esto, el Gobierno es consciente de que los recursos públicos no son suficientes, e incluso son limitados. Por eso, la propuesta plantea, además del incremento en los aportes a las instituciones de educación superior, la inversión privada en el sector.

La propuesta de Reforma no plantea que gracias al incremento de los aportes de la Nación se resuelvan todos los problemas de financiación de las universidades públicas. Sin embargo, estamos seguros de que, gracias al planteamiento de un conjunto de medidas adicionales, sumado al mejoramiento de la gestión interna, el proyecto sí aporta a la solución.

¿Es cierto que con la reforma van a privatizar toda la educación superior en Colombia?

Para nada. el gobierno nacional no plantea en ningún momento esta posibilidad. El objetivo de la propuesta es, por el contrario, crear los mecanismos para el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, el mejoramiento de la calidad y un mayor acceso a la educación superior para los jóvenes de bajos ingresos. Para ello, será necesario contar con el compromiso de todos los actores de la sociedad e incluso del sector privado.

La educación pública –si quiere ser competitiva- no puede privarse de la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Eso no significa privatizar, significa invertir. Está comprobado que la educación es la mejor herramienta contra la inequidad y la pobreza. Los países que han invertido en educación o le han abierto las puertas al sector privado, China entre ellos, han mejorado su desempeño y calidad de vida.

Colombia siempre ha estado abierta a la educación privada. La Constitución de 1991 lo hace explícito en su artículo 68. Para avanzar en las transformaciones que requiere el sector es necesario dar paso a nuevas formas y fuentes de financiación de las instituciones y los estudiantes, a la generación de nuevos recursos para la educación superior, a estímulos a la calidad, y a la posibilidad de inversión privada en las instituciones de educación superior.

La participación del sector productivo en el sector es una realidad que se viene dando ya hace varios años. Sin embargo, la propuesta plantea crear el marco jurídico legal para la creación de alianzas público-privadas, a través de las cuales la empresa privada haga inversiones directas al sector para desarrollar unidades específicas de negocio. Adicionalmente, se atraen recursos privados que se adicionan a las públicas para fortalecer un fondo de garantías para que las IES accedan a créditos para infraestructura.

Lo que estamos proponiendo significa –simple y llanamente– que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública –y en alianza con ella–, sin que eso signifique un solo peso de costo adicional para el estudiante. Todo lo contrario: los beneficios de las alianzas deberán ir a mejorar la calidad de la formación y la investigación. Serán negocios en los que nos beneficiemos todos, como ha sido el caso en Corea, China, Irlanda, Estados Unidos o, más cerca, en los Parques Tecnológicos Universitarios de Brasil.

¿Cómo se va a garantizar el ingreso y permanencia de los estudiantes hasta graduarse?

En cuanto a los proyectos de financiamiento a la demanda están aquellos diseñados para garantizar el ingreso de los egresados de la educación media y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Las dos estrategias fundamentales son el crédito educativo ofrecido por el Icetex, en sus diferentes modalidades, y el otorgamiento de subsidios de sostenimiento para la permanencia de los estudiantes en el sistema. La propuesta plantea incrementar los recursos públicos para crédito educativo y sostenimiento en $774.000 millones, incrementados por los recursos del sector privado a través de los mecanismos ya expuestos.

En cobertura en educación superior, ¿cómo estamos frente a otros países?

Países como Chile esperan obtener en 2012 una cobertura en educación superior del 50%; la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno “Prosperidad para todos (2011–2014)” contempla llegar también al 50% de cobertura en este nivel de formación.

Actualmente, son muy grandes los retos en materia de educación y desarrollo en todas las latitudes, por ello, muchos países han decidido implementar reformas profundas en sus sistemas. Un ejemplo de ello es Brasil, que gracias a una reforma a finales de los años 90, logró pasar de 1'868.529 estudiantes en 1996 a 5'958.135 en 2008, con una participación cercana al 80% de la educación privada y la mayor parte de ella (75%) en instituciones con ánimo de lucro. Algo similar ocurrió en China, donde el salto fue de 2 millones de estudiantes en 1990, a 26 millones en 2009; y Corea, que hoy es uno de los países con mayor cobertura en educación en el mundo, registró un aumento en cobertura pasando del 33.2% en 1990, al 98% en 2009.

Tags: Ley 30 de 1992 Reforma educación superior

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