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Oct 2011 24

Reforma a la Ley 30 de 1992 (educación superior): más diferencias que consensos

Aún sin conocerse su primera ponencia en el Congreso de la República, el proyecto de ley del gobierno con el que se pretende reformar el sistema de la educación superior en el país ha generado numerosos debates en diferentes esferas.

De hecho, varios movimientos estudiantiles se han declarado en paro desde el pasado 5 de octubre debido a que, según ellos, no se tuvieron en cuenta sus opiniones a la hora de redactar el articulado. Además de ellos, varios rectores y directivos de instituciones de educación superior han sido críticos con el proyecto de ley.

El proyecto de ley constituye un largo texto de 165 artículos divididos en ocho títulos, de los cuales la financiación institucional es quizá el que más discusiones ha generado.

Congreso Visible ha preparado este pequeño resumen que recoge las principales discusiones en torno a la reforma presentada por el gobierno. Los invitamos a leer el texto completo del proyecto de ley (el cual puede ser consultado dando click aquí) y a plasmar sus opiniones en este foro.

En lo que hay un acuerdo: cobertura y calidad no son las mejores.

Uno de los puntos en los que están de acuerdo tanto el gobierno como los estudiantes es en la baja calidad y cobertura que tiene hoy el sistema de educación superior en el país. Según estos sectores, la Ley 30 de 1992 no está diseñada para las condiciones actuales de Colombia.

Las cifras demuestran esta necesidad: de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, entre el 2000 y el 2010, más de 3 millones de bachilleres no ingresaron a la educación superior, o ingresaron y desertaron de ella antes de finalizar sus estudios. Así mismo, el número de bachilleres va en aumento, pasando de 414 mil en el 2002 a 625 mil en el 2010. En cuanto a calidad, solo el 13% de los programas de pregrado tiene acreditación de alta calidad, y el 13,5% de los profesores de tiempo completo tienen formación doctoral.

Nuevos cupos con más recursos, ¿es viable?

La reforma establece la meta de crear más de 600 mil nuevos cupos para el 2014, los cuales se segregan de esta manera: 95 mil para universidades públicas, 60 mil para las privadas, 395 mil para instituciones técnicas y tecnológicas públicas (la mitad serán ofrecidos por el Sena), y 75 mil para las mismas instituciones de carácter privado. De esta manera, se aumentaría la cobertura en educación superior llegando en ese año al 50%. La meta establecida es alcanzar el 64% para el 2022.

¿Cómo promover la apertura de estos cupos? El gobierno sostiene que, de aprobarse el proyecto de ley, se garantizarían 35 billones de pesos para los próximos 10 años, de ellos 6 billones serían directamente aportados por la reforma. Y adicionalmente a esto, se tendría el 10% del producto de las regalías que, de acuerdo con la recién sancionada Ley de Regalías, debe invertirse en ciencia, tecnología e innovación, porcentaje que ronda al billón de pesos anuales. Aquí yace el primer desacuerdo con algunos sectores que sostienen que estos recursos están condicionados a la inflación, y que además no están específicamente distribuidos haciendo que las instituciones públicas de educación superior tengan que competir “de igual a igual” con las privadas para obtener estos recursos.

El segundo conflicto se encuentra en los recursos destinados para los próximos años. Hasta el 2014 serían destinados 420 mil millones de pesos (con el objetivo de crear los más de 600 mil cupos). Esta cifra se elevaría a 640 mil millones de pesos, ya que el Ministerio de Educación garantiza otros 220 mil millones por concepto de mejoramiento de la calidad educativa.

Para los representantes de los estudiantes, esto no es suficiente para una educación de calidad. De hecho, aseguran que por cada nuevo cupo prometido por la reforma, la cantidad de dinero destinado es muy limitada. Así lo piensan también algunos rectores y directivos universitarios quienes creen que con el presupuesto proyectado solamente alcanzaría para crear el 10% de los nuevos cupos propuestos.

Financiación de la educación pública

Hacia el mes de abril, al ser socializada la primera versión del articulado, el gobierno contempló la posibilidad de la inversión privada en la educación superior pública, y propuso la creación de instituciones de educación superior (IES) con ánimo de lucro.

Estas dos iniciativas fueron desde el primer momento el blanco de las críticas. Finalmente, el proyecto radicado en el Congreso no incluyó estas propuestas. De esta manera, se estableció que los ingresos y patrimonios de las IES serían constituidos por:

a. Las partidas que le sean asignadas dentro del presupuesto nacional, departamental, distrital o municipal.

b. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran posteriormente a cualquier título, así como sus frutos y rendimientos.

c. Los recursos del Sistema General de Regalías que se les destinen para inversiones físicas.

d. Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos pecuniarios y los ingresos que perciba por concepto de venta de bienes y servicios y donaciones.

Además, entre otros puntos, la reforma sostiene que se aumentarían en tres puntos porcentuales por encima del índice de precios al consumidor (IPC) al año los recursos para las IES.

No obstante, los representantes de los estudiantes creen que esto no es suficiente: “se plantea un discurso donde dice que no hay recursos”. También se descalifica la reforma en la transformación del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior en sociedad anónima.

Nuevos créditos de estudio sin intereses

La reforma también establece créditos del Icetex sin ningún tipo de interés para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3; aquellos de niveles 1 y 2 del Sisbén que concluyan su carrera podrán tener una rebaja del 25% de ese crédito, y se deja un presupuesto de un billón de pesos anuales para ser invertidos en manutención de estudiantes con escasos recursos.

Ahora bien, estos beneficios serían solamente para los nuevos estudiantes, elementos que son criticados por los estudiantes quienes sostienen que deben ampliarse a los actuales estudiantes, y exigen además rebajas en las cuotas de pago. Algunos han propuesto incluso la condonación de esas deudas.

Participación de los estudiantes y maestros en la redacción del proyecto de ley

El Ministerio de Educación realizó 28 foros regionales con el objetivo de socializar el proyecto de reforma a la educación superior, y habilitó en su página web un foro virtual en el que participaron cerca de 145 mil personas.

En estos espacios participaron diversos actores del sector. Sin embargo, varios de ellos sostienen que si bien se reunieron con el gobierno y se les escucharon sus propuestas, no se plasmaron en el texto final del proyecto. Esto lo sostienen tanto rectores de universidades como estudiantes, quienes aseguraron que las modificaciones de fondo no se tuvieron en cuenta.

Por su parte, el Ministerio de Educación sostuvo que sí se tuvieron en cuenta estas recomendaciones, y esto se reflejó, según el gobierno, en un cambio de más del 60 por ciento en el texto radicado finalmente al Congreso de la República. Incluso sostiene que varios artículos se eliminaron, como aquellos relacionados con la inversión privada con ánimo de lucro.

Tags: Ley 30 de 1992 Reforma educación superior

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