Sigifredo López, el magistrado y el fiscal

Ago 2012 22

Domingo, 19 de Agosto de 2012

La detención infundada de un ciudadano por parte de un Fiscal que como Magistrado había reprobado estas conductas plantea tres preguntas inquietantes sobre la justicia que existe en Colombia.

Carlos Andrés Echeverry Restrepo*

El Fiscal sí acertó

En entrevista realizada por Yamid Amat y publicada el pasado 6 de mayo en El Tiempo, el Fiscal General de la Nación hizo un anuncio de suma trascendencia: “En junio, probablemente, tendremos un pronunciamiento sobre relaciones de la política con las Farc. Si las hipótesis que trabajamos se llegan a confirmar, el país se estremecerá”.

El tiempo le dio toda la razón al fiscal Montealegre:

- Primero: el pronunciamiento de la Fiscalía sí tuvo lugar –y antes de junio–; contra Sigifredo López, al vincularlo a una investigación penal por su supuesta participación en el secuestro de los diputados del Valle del Cauca.

- Segundo: la reciente decisión de levantarle la medida de aseguramiento a López demostró que, efectivamente, el ente acusador sólo contaba con ‘hipótesis’ pero sin sustento probatorio confiable, y

-Tercero: el país se estremeció, pero no como lo esperaba Montealegre, sino en un sentimiento generalizado de indignación ante un cargo sin sustento creíble contra una persona que padeció los rigores de un secuestro prolongado e inicuo.

Montealegre, el magistrado

El caso de Sigifredo López no sólo implica una pérdida de credibilidad para la Fiscalía por su falta de diligencia en obtener y evaluar, con el debido rigor, material probatorio, sino que pone de presente la incoherencia del señor Montealegre, pues una era su posición como magistrado de la Corte Constitucional y otra la que ahora esgrime como cabeza del ente acusador. Veamos.

La tesis

En Sentencia C-805 de 2002, los magistrados ponentes Eduardo Montealegre y Manuel José Cepeda se pronunciaron a favor de la expresión “medida de aseguramiento” que contiene el artículo 392 de la Ley 600 de 2000, y precisaron con bastante detalle las condiciones bajo las cuales puede limitarse el derecho fundamental de libertad:

“En el plano constitucional, el estándar probatorio mínimo para detener una persona, para molestarla en su persona o familia o para registrar su domicilio en búsqueda de bienes que puedan servir de prueba o de respaldo a sus obligaciones económicas, tiene varios elementos respecto de los cuales el legislador goza de un margen de configuración (artículo 28 CP).

El primero es la necesidad de la medida de aseguramiento. En efecto, repugna al Estado Social de Derecho, al respeto por la libertad y la presunción de inocencia, así como a otros derechos constitucionales, que una persona investigada sea detenida preventivamente cuando ello no es necesario. Una medida tan gravosa de los derechos constitucionales no puede proferirse con base en el capricho o el simple juicio de conveniencia del fiscal. Por el contrario, la Constitución exige que la medida se funde en motivos que justifiquen su necesidad en el caso concreto a partir de los hechos específicos de cada situación fáctica (…)

El segundo elemento es el de proporcionalidad, cuyo fundamento y trascendencia en el ámbito del derecho penal ya han sido subrayadas por esta Corte. En efecto, la medida debe ser proporcional a las circunstancias en las cuales jurídicamente se justifica. Por ejemplo, en el caso de la detención preventiva, resultaría desproporcionado que a pesar de que la medida no sea necesaria para garantizar la integridad de las pruebas, o la comparecencia del sindicado a la justicia, se ordenara la detención preventiva (…)

Además de estos dos elementos, hay un tercero: el criterio de convicción acerca de la probabilidad de que el procesado sea el autor de la conducta punible investigada. Así, en principio y por regla general, para que las decisiones del fiscal sobre medidas de aseguramiento se basen en motivos fundados, deben obrar en el acervo probatorio dos indicios relativos a hechos objetivos que indiquen con una alta probabilidad, más allá de la simple sospecha o de la mera constatación de una plausible vinculación de la persona con los hechos investigados, que la persona es responsable, es decir, que realizó una conducta típica, antijurídica y culpable.

Por ello, el grado de convicción requerido se encuentra entre lo meramente plausible y la certeza para condenar, y éste ha de apreciarse caso por caso a partir de situaciones objetivas, no de temores o especulaciones, teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas, ponderadas en su conjunto. La valoración integral evita que lo que indica un hecho se tome como cierto cuando en realidad obre otro, también probado, que desvirtúa la conclusión a la que se llegaría por un análisis fragmentado del acervo; así como para corroborar que el mayor peso de lo demostrado se inclina en contra del investigado, no a su favor (énfasis añadidos)”.

Montealegre, el Fiscal

Como puede apreciarse, el otrora magistrado Montealegre exigía el cumplimiento de criterios que, en su nuevo cargo, no abrigó para el caso de Sigifredo López:

- El criterio de convicción que movió a la Fiscalía a ordenar la medida de aseguramiento estuvo lejos del presupuesto de probabilidad reclamado por la Corte en la referida providencia y exigido también por la Ley 600 de 2000.

La valoración del famoso video de la voz y la ‘prominente nariz’ no fue concluyente, lo cual hizo mover las hipótesis de la Fiscalía en los sinuosos y peligrosos terrenos de la simple sospecha, desatendiendo así un importante principio del derecho procesal según el cual en materia criminal las pruebas deben ser “más claras que la luz” (in criminalibus probationes debent ese luce clariores).

-Tampoco se practicó la ‘valoración integral’ del acervo probatorio de la cual hablaba el magistrado Montealegre: la Fiscalía omitió contrastar los testimonios que incriminaban a López con aquellas declaraciones recogidas por la defensa que descartaban su participación en el secuestro de los diputados; sólo se llevó a cabo un “análisis fragmentado del acervo” en contravía de lo ordenado en la citada Sentencia C-805 de 2002.

-Estrechamente vinculado con el requisito de ‘valoración integral de la prueba’ tenemos el principio de “investigación integral” que consagra el artículo 20 de la Ley 600 de 2000 (norma bajo la cual fue procesado Sigifredo López) y que exige al funcionario judicial el “investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del imputado”. Esta disposición tampoco fue observada en la fase inicial de la investigación; tan solo tres meses después, el Fiscal General contrastó los testimonios recabados y optó por abstenerse ante las dudas. Pero el daño ya estaba consumado.

Las palabras de Eduardo Montealegre como juez constitucional fueron eclipsadas por sus actos como Fiscal General.

Tres preguntas

Lo anterior nos lleva a formular varias preguntas:

-¿La realidad sobre la cual falla la Corte Constitucional es distinta de la que viven otros servidores públicos en el ejercicio habitual de sus funciones?

-¿Qué garantías tienen aquéllos cuyos casos no alcanzan el eco mediático que tuvo el de Sigifredo López?

-¿Quiénes saldrán a responder si el ex diputado decide demandar a la Nación por los perjuicios morales sufridos con la injustificada medida de aseguramiento?

* Abogado y profesor de derecho de la Universidad Javeriana de Cali.

Tags: Carlos Andrés Echeverry Eduardo Montealegre Farcpolitica Fiscalía general Justicia Presunción de inocencia Sigilfredo López Valle del Cauca

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