Barranquilla, junio 7 de 2017. El pronunciamiento lo hace la congresista atlanticense, luego de conocerse la información financiera sobre las cuentas por pagar por parte de las Empresas Promotoras de Salud a este hospital, cuyo monto asciende, a la fecha, a los 90 mil millones de pesos.

 

“El flujo inadecuado de recursos impacta negativamente la prestación de servicios de salud. Estamos hablando de un tema que viene de mucho tiempo atrás y, en el caso puntual de la situación del Hospital Universitario CARI, tengo que decir que es un reflejo de los problemas financieros que actualmente padecen muchos de los hospitales de país, incluyendo los del Departamento del Atlántico. No ha habido medidas efectivas para que haya un total cumplimiento en los pagos de las obligaciones por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS)”, dijo la legisladora.

 

Así mismo, señaló que: “Es mandatorio definir unas medidas y cumplir una metas tendientes a mitigar ese impacto,  ya que a pesar de la dinámica y mayor complejidad adquirida por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, frente al flujo de recursos, se ha evidenciado que los procedimientos y mecanismos para su distribución y giro (establecidos en la normatividad hasta ahora expedida) resultan insuficientes, lo que conlleva a ineficiencias y desvíos que perjudican a los diferentes agentes del sistema, y hacen más costosa la financiación del mismo, haciendo aún más dramática y evidente la grave situación de iliquidez en el hospital, que amenaza al goce efectivo del derecho a la salud de la población pobre y vulnerable del departamento y de la región”.

 

Además, sostuvo que “se requiere que los organismos competentes ejerzan sus funciones de vigilancia y control, para que los aseguradores del sistema se ajusten a lo dispuestos en la normatividad legal y reglamentaria, que garantizaría en principio un flujo adecuado de los recursos generados por concepto de venta de servicios a la población usuaria, independiente de las que corresponden al ámbito del institucional propiamente dicho”.

 

Al respecto, Villalba expresó que: “No es justo que las EPS hoy les deban tanto dinero del sistema a los Hospitales del Departamento, y la Superintendencia Nacional de Salud actúe como si no pasara nada. Aquí hay que entrar a revisar ¿Qué medidas y que soluciones ha buscado esta entidad para mitigar los efectos de esta crisis hospitalaria, generada en parte por las EPS intervenidas y liquidadas sin el pago de la deuda contraída previamente con los hospitales y que hoy constituyen una de las principales cargas que arrastran en sus estados financieros? ¿Qué tipo de regulación ha implementado la Superintendencia frente a las EPS que incumplen sus funciones? ¿Cuál ha sido el papel de los entes responsables en el Departamento?

 

De los 22 municipios del Atlántico, más del 60% de estos tiene dificultades para cumplir los servicios asistenciales por el incumplimiento en el giro de los recursos, según la representante.

 

“Hoy el incumplimiento de las obligaciones por parte de las EPS afecta a un hospital tan importante como el CARI ESE; mañana no sabemos si será el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, o el Hospital Niño Jesús o el Hospital de Sabanalarga, o el Materno Infantil de Soledad, entre otros, que también prestan unos servicios indispensables a la comunidad. Si las EPS no cumplen entonces con su obligación de pago de los servicios que se les suministran a sus afiliados, que el Gobierno Nacional les gire directamente a los hospitales y no a aquellas entidades que se encuentran en mora del cumplimiento de ese deber”

 

De otro lado, la congresista agregó que “el Hospital Universitario CARI ESE requiere de todo el apoyo de las instancias del nivel Nacional para cumplir los objetivos del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero que se encuentra en ejecución, que permitan la operación en equilibrio del hospital, con el fin de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud a la población usuaria”.

 

Sin ello, explicó que “no serán suficientes las medidas para la implementación de herramientas gerenciales y de ajustes institucionales que logren mejorar la eficiencia en la prestación del servicio. La operación y sostenibilidad de la red de prestación de los mismos y la continuidad de la prestación de servicios de salud adecuada y oportuna es una obligación estatal, como servicio público, toda vez que se tratan de actividades que no pueden ser suspendidas”.

 

Puntualizó que para el logro de este propósito es indispensable que las entidades territoriales -a través de las direcciones de salud- articulen la oferta de servicios de los prestadores públicos y privados que la conforman.

 

“La efectiva articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública de los diferentes niveles de complejidad entre sí, la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta, generarán el impacto esperado en la mejora de la calidad de vida de la población del departamento”.

 

Por último, manifestó la necesidad de que se revise el sistema de intermediación de recursos y la integración vertical que se ejerce entre algunas Entidades Promotoras de Salud y una red cerrada de instituciones de prestación de este servicio, que limita una competencia de mercado justa entre los actores del sistema, en especial los de naturaleza pública. Estas y otras medidas complementarias que se efectúen, evitarán que un servicio de vital importancia para el ser humano, como lo es la salud, entre a cuidados intensivos”

 

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Ketty Quiroz Tromp

Jefe de Comunicaciones

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