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Oct201111

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE PENALIZA EL MALTRATO ANIMAL EN COLOMBIA

 

 El proyecto cursa en la Comisión  I de la Cámara de Represtantes; este mes se debatirá su ponencia en primer debate para pasar a la Plenaria de Cámara:

 

PROYECTO DE LEY Nº ________  “POR MEDIO DE LA CUAL SE PENALIZA EL MALTRATO ANIMAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

  1. FUNDAMENTO JURÍDICO

 

1.1 MARCO CONSTITUCIONAL

 

ARTICULO 8.“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.”

 

 

ARTICULO 58. Artículo modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica

 

(…)” (Destacado fuera de texto)

 

 

La Corte Constitucional, en la sentencia C- 666  de fecha 30 de agosto de 2010, sostuvo:

 

“…Es así como la función ecológica se convierte en un elemento de necesaria consideración cuando de analizar el contenido del derecho constitucional de propiedad se trata. La Corte Constitucional se ha valido de la esencia ecológica del contenido del derecho de propiedad para armonizar su aplicación con otros valores, principios, derechos, deberes o bienes constitucionales; en este sentido es enunciativa del principio argumentativo planteado la sentencia C-189 de 2006, en la que se consagró:

 

“En este contexto, como lo ha reconocido esta Corporación, con la introducción de la citada función ecológica se ha incorporado una concepción del ambiente como límite para el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, propiciando lo que este Tribunal ha denominado como “ecologización de la propiedad”. Al respecto, en sentencia C-126 de 1998, la Corte señaló: ‘Ahora bien, en la época actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible.  Por ello el ordenamiento puede imponer  incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios’.” -subrayado ausente en texto original-

 

Para el caso concreto, la naturaleza ecológica de la propiedad y su consecuencia, la ecologización de la propiedad privada, sustentan las limitaciones que desde el punto de vista constitucional se derivan para la propiedad que sobre los animales se tenga. Junto con el deber de protección a los recursos naturales y los deberes de comportamiento derivados de la dignidad humana, el ámbito de libertad en el trato que se dé a los animales, esta vez los que sean propiedad de las personas, debe entenderse desarrollable dentro de los parámetros establecidos por la función ecológica de la propiedad. Así, los contornos del contenido del derecho de propiedad respecto de los animales, y por consiguiente la amplitud de la libertad de actuación amparada por este derecho, estará limitada, además, por el carácter ecológico inherente a la propiedad o, en otras palabras, por la ecologización de la misma que se deduce de la Constitución…”

ARTICULO 79.“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

 

ARTICULO 95. “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

 

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

 

Son deberes de la persona y del ciudadano:

 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

 

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

 

(…)”

 

1.2 MARCO LEGAL.

 

  1. Ley 5 del 20 de septiembre de 1972. “Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de animales”

 

  1. Ley 17 del 22 de enero de 1981. “Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”, suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973”.

 

  1. Ley 84  del 27 de Diciembre de 1989. “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia.”
  1. CONSIDERACIONES DEL PROYECTO

En nuestros días, este sentimiento colectivo se ha venido plasmando, principalmente, en el desarrollo de legislaciones y marcos normativos que avanzan en la vía de la protección estatal de los animales y sus posibles derechos, al igual que en distintas regiones de nuestra geografía[1] y a nivel mundial[2] se han llegado a prohibir definitivamente algunas prácticas que vulneran el derecho al bienestar de los animales, superando así los clásicos conflictos de intereses que son percibidos, la mayoría de las veces, como objeciones sin fundamento de actividades y espectáculos que están interesados en proteger sus intereses económicos, sin atender incluso a la innegable tendencia mundial a considerar a los animales como verdaderos titulares de derechos[3]. La promulgación sistemática de leyes que protegen a los animales y prohíben prácticas violentas e innecesarias en contra de la vida y la “dignidad” del animal, evidencia la que bien podría llamarse una “tendencia al reconocimiento y la protección normativa del derecho al bienestar de los animales”. En este sentido, se puede afirmar que la tendencia que se perfila actualmente corrobora el principio de avance del Derecho Positivo, según el cual: “La protección animal y su legislación de soporte se apoya en consideraciones de índole filosófica y ética, más allá de la simple compasión o los sentimientos humanitarios, los cuales, aunque indiscutiblemente válidos y suficientes, merecen legitimarse desde el punto de vista del raciocinio, con argumentaciones para demostrar que bajo un concepto moral objetivo y como una expresión del derecho natural, constituye un imperativo ineludible para el hombre.”[4] En efecto, hoy sabemos que aunque muchas veces ha costado dar el salto a otro modelo de nación, de religiosidad, de igualdad racial, de otra especie, una vez dado el salto moral y ético, el salto legislativo ha seguido con más o menos prontitud[5]. Es así como ha ocurrido en aquellas sociedades cuyos gobiernos han comprendido la urgente necesidad de alinear la legislación con una opinión pública en rápido progreso[6], las cuales han avanzado en la promulgación de leyes que prohíben  diversos actos de crueldad, incluso, en condiciones de pretendido bienestar animal o trato humanitario.

En Colombia, a pesar de la falta de reconocimiento de los animales como seres sujetos de derechos, ha empezado a trabajarse en una línea que tiende hacia la protección de los animales por obligación estatal[7]. Esta yuxtaposición ideológica genera un cambio en la antigua visión antropocéntrica de la Constitución de 1991 a una nueva visión ecléctica de la misma, al integrar el derecho ambiental (y animal) a través de la Sentencia C-666 del 30 de agosto del 2010 emanda por la H. Corte Constitucional, se amolda la concepción que trae el Estatuto Nacional de Protección de los Animales – ENPA (Ley 84 de 1989) a la nueva realidad constitucional; es la inserción de un enfoque progresista en la actual cadena normativa colombiana, pues la visión utilitarista de los animales conforme a nuestra Legislación Civil (art. 655), los animales eran considerados cosas muebles bajo el dominio del hombre, posición superada claramente como quiera que según el fallo citado los animales podrán ser considerados en todo el territorio Nacional seres vivos y sintientes: “…El resultado, se reitera, será el entender el ambiente como el contexto en el que distintos seres sintientes llevan a cabo su existencia, base conceptual que excluye cualquier visión meramente utilitarista que valore a los animales exclusivamente en cuanto recurso, es decir, como elemento de explotación por parte de los seres humanos.”[8]; todo esto en aplicación de lo dispuesto en el Numeral 1º del Artículo 48 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) según la cual las Sentencias de la Corte Constitucional en su parte motiva tendrán el alcance de ser “…criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace (la Corte Constitucional), tiene carácter obligatorio general.”

 

Sumado a todo lo anterior podemos afirmar que es una respuesta viable y conveniente a la demanda de la ciudadanía[9] que reclama la puesta en marcha de herramientas con las cuales las autoridades nacionales puedan prevenir, disminuir y contrarrestar el constante abuso que algunos miembros de la colectividad proporcionan a los animales y que desconocen los postulados fundamentales de la protección que nuestra Carta Política otorga a la fauna y a la flora en todas sus formas[10].

 

Los referentes internacionales existentes apuntan en dos direcciones intrínsecamente ligadas: 1) por un lado, ampliar el marco proteccionista del bienestar animal, entronizando el poder estatal en la erradicación del dolor y el sufrimiento físico y emocional de los mismos, causados directa o indirectamente por el ser humano; y por otro lado, 2) al reconocimiento de los derechos de los animales. Para el primer caso y que sería el aplicable al caso que nos ocupa, cual es la penalización del maltrato animal, encontramos distintas normas internacionales que sirven como referente del especial proteccionismo estatal reinante hoy por hoy. En Europa, se puede la Legislación europea sobre bienestar animal: http://ec.europa.eu/food/animal/welfare /references_en.htm; el Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE); las leyes de protección y bienestar de países de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Oceanía:http://awic.nal.usda.gov/nal_display/index.php?info_center=3&tax_level=2&tax_subject=182&topic_id=1121; la amplia legislación belga de protección y bienestar animal http://www.gaia.be/fra/control.php?&topgroupname=&groupname=documentation&subgroupname=legislation la Ley 11/2003 de la CCAA de Andalucía (España); entre otras disposiciones estatales o municipales que prohíben la utilización de animales en diversas prácticas en países de Europa por reconocer que se trata de seres sintientes, es decir, sensibles al dolor, al placer y al sufrimiento. En América Latina, se puede citar: la Ley 27265 de 2000 de protección a los animales domésticos y a los animales silvestres mantenidos en cautiverio de Perú; la Ley general de vida silvestre del 14/10/2008 de México, en la cual se prohíbe la importación, exportación y reexportación de cualquier especie de mamífero: http://www.cddhcu.gob.mx /LeyesBiblio/pdf/146.pdf; la Ley 4040 de 2009 de Bolivia, por la cual se prohíbe el uso de animales; la Ley del 29/03/2007 de Venezuela para la Protección de los Animales Domésticos, Dominados, Silvestres y Exóticos Libres y en Cautiverio; la Ley Nº 14346 de Argentina de Protección de Animales; la Ley No 20380 de Chile sobre la Protección de Animales; entre otras legislaciones de carácter estatal, local y municipal que apelan a principios de bienestar. A nivel de Norteamérica existe protección federal y estatal en defensa de los animales, con diversas penas y multas, siendo la del Estado de Illinois la legislación modelo para la defensa del bienestar animal (http://www.legis.state.il.us/legislation/ilcs/ch510/ch510act70.htm).

 

 

Valga añadir que, aunque sólo se citan algunos ejemplos, son pocos los países que hoy carecen de una legislación especial de protección de los animales; en su mayoría, cimentadas en los principios de bienestar animal y en las cinco libertades (five freedoms welfare) que hacen operativo el concepto, las cuales constituyen, por ejemplo, las bases de la política de la Unión Europea[11]. Este mismo marco conceptual y de principios ha sido aceptado y ratificado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por sus siglas en inglés) que elaboró, a partir de 2001, las primeras normas internacionales en la materia fundamentadas sobre bases científicas[12].

 

De la segunda línea de pensamiento, que le atribuye el reconocimiento de derechos a los animales, hacen parte las legislaciones más innovadoras. Austria, Alemania y Suiza son los únicos países que han roto con el enfoque del bienestar animal y han incluido en su constitución el reconocimiento de los animales como seres sensibles[13]. En el año 2006, Cataluña (España) se sumó a este grupo al introducir en el libro quinto del código civil catalán la definición de los animales como 'no-cosas. Igualmente, el Tratado de Ámsterdam de 1997, anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el Protocolo No. 33 sobre la “protección y el bienestar de los animales”, en el que se manifiesta el deseo de “garantizar una mayor protección y un mayor respeto del bienestar de los animales como seres sensibles,” y por tanto, “seres sintientes, esto es, seres con capacidad de sufrimiento.”

 

Igualmente, es importante anotar que la protección de los animales se ha convertido en un tema de gran relevancia, no sólo por el reconocimiento científico de que los animales son sujetos de una vida, con capacidad de experimentar dolor físico (sintiencia – capacidad de sentir – dolor o placer – la cual fundamentaría una igualdad moral; Cfr. Benthan, J.) y emociones próximas a las de los seres humanos, sino por la constatación de que el respeto a los animales incide positivamente en la convivencia social[14]. Por ello, se puede afirmar que la protección a los animales constituye un eje vertebral del desarrollo social y humano de una comunidad o conglomerado social, en procura de la sostenibilidad y la justicia ambiental.

Dicho propósito es de una gran relevancia histórica y de trascendencia ética y moral, toda vez que implica incluir la gestación de mecanismos de protección hacia los animales como objeto de regulación pública y política cultural e institucional del Estado, aceptando y garantizando la aplicabilidad del enfoque integral de derechos que aporta el marco del Estado colombiano. Igualmente, supone tener en cuenta la intencionalidad política que tuvo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al mostrar su adhesión a la Declaración Universal de Bienestar Animal – DUBA – cuyo principal objetivo es: “establecer el bienestar de los animales como un asunto de importancia internacional y proporcionar un punto de referencia para los Gobiernos en la formulación de políticas y legislaciones para este fin”[15]; aunque “no tiene carácter vinculante, su reconocimiento formal aporta el concepto de ‘bienestar animal’ como principio orientador y de interpretación de las políticas públicas y privadas de protección ambiental, además de promover el trabajo en conjunto entre las instituciones públicas y la sociedad civil como un medio eficiente y eficaz para alcanzar sus objetivos.”[16]

Sostener que los animales, en tanto titulares de protección estatal, deben entrar a hacer parte del concepto según el cual su diversidad los incluye en la agenda que propende por su “derecho” al territorio “en condiciones dignas”, implica hacer un alto en el camino y repensar nuestras formas de relacionarnos con estas otras expresiones de vida. Ello implica introducir cambios en nuestro marco normativo nacional, como un acondicionamiento de la política nacional frente a la especialísima protección constitucional que otorgó nuestra Carta de 1991 al medio ambiente[17], a través de la formulación de objetivos, estrategias, programas, medios y acciones de diverso alcance para orientar el comportamiento de todos los actores, individuales y colectivos, hacia la consecución del cambio cultural profundo que ansía esta reformulación de la protección animal modificando la calidad jurídica de los animales en el territorio nacional.

 

 

Sepretende el ámbito sancionatorio de la Ley 84 de 1989 en cuanto a las conductas constitutivas de hechos dañinos y de crueldad con los animales. De modo que si conforme al espíritu de la ley lo que se busca es aumentar la esfera de protección de los animales y sancionar todo aquel comportamiento cruel y dañino contra los animales, el artículo 6° de la Ley 84 de 1989 se aviene en mejor medida a tal fin, habida cuenta de la mayor amplitud de comportamientos sancionables.

 

Concomitante con lo anterior, el ser humano ha creado nuevas formas de maltrato hacia los animales que el Legislador en 1989 no previó, por lo que se hace necesaria la implementación de nuevas conductas amoldadas al maltrato animal, causadas directa o indirectamente por el ser humano.

 

Se establecen causales de agravación de la sanción, resultando razonable en un régimen sancionatorio.

Se propone introducir un nuevo artículo al Código Penal (artículo 331A) estableciendo el tipo penal de “Conductas contra los animales”. La razón de tal proposición radica en que los movimientos procesalistas mundiales han enfatizado la necesidad de unificar procedimientos[18]: por un lado, por que le resulta más favorable al Estado (visto desde el punto de vista fiscal) establecer que en un mismo procedimiento ante un Juez Natural se puedan discutir la totalidad de las actuaciones que inciden en el normal desarrollo de la vida en comunidad; y, por otro lado, en la medida que le resulta más fácil al ciudadano (desde el punto de vista económico y garantista) saber que en caso de una trasgresión a la normatividad, será únicamente un operador (en este caso, judicial) quien a través de los derroteros identificadores del debido proceso (artículo 29, C. N.), impondrá las eventuales consecuencias jurídicas por su actuar. No sería conveniente desde ningún punto de vista, mantener una figura de una investigación administrativa con sanciones pecuniarias, encabezada por las Alcaldías o Inspecciones de Policía, y paralelamente crear una tipología penal que obligaría a una nueva investigación de carácter judicial por el mismo hecho, con consecuencias jurídico – penales y a la misma vez, pecuniarias.

 

 

Por otro lado y en cuanto a la creación de una nueva conducta penal, es importante señalar que la misma deviene del trabajo adelantado por la investigación criminológica que encuentra un vínculo entre la violencia ejercida contra los animales y la violencia doméstica y social[19], sugiriendo con ello un patrón de comportamiento de indiscutible relevancia que permite asegurar que quién comete conductas violentas contra los animales, es un criminal en potencia que a futuro podrá generar comportamientos agresivos o violentos en contra de la misma sociedad. Pensemos por un momento en aquellas personas que durante lustros han estado blindadas por el vacío normativo en lo que se refiere a la zoofilia o bestialidad[20]; es innegable que el Estado necesita – y ha requerido a voces – algún tipo de sanción ejemplarizante para conductas que por generaciones han sido abominables, pero frente a las cuales la política punitiva estatal no había centrado sus fuerzas, por considerarlas bagatelares o de poca relevancia social; pues bien, el aumento de conductas como éstas hace imprescindible que se active el papel del Estado y se generen reformas legislativas enérgicas encaminadas a sancionar estas prácticas que han aumentado de manera considerable[21] y frente a las cuales las autoridades administrativas y judiciales no pueden encontrar una respuesta. Mucho más encontrándonos en un país con clara tendencia histórica que profesa la religión católica apostólica. Todos aquellos que creen y profesan las lecturas bíblicas; no olvidemos que en la misma Biblia podemos encontrar varias referencias, por ejemplo en el Levítico 18:23 “No te unirás con bestia haciéndote impuro con ella. La mujer no se pondrá ante una bestia para unirse a ella”.

 

Es por ello que a la hora de formular una política sancionatoria por las conductas cometidas en contra del bienestar de los animales, es evidente que todas las conductas que se cometen en contra de los mismos provienen directa o indirectamente de los humanos y estas atentan contra los principios mínimos que el Estado debe garantizar para la efectiva protección establecida principalmente en el artículo 79 Constitucional.

 

La importancia y la necesidad de reconocer una especial protección a los animales, fomenta una nueva culturización que debe ser asumida como un nuevo paradigma, sujeto de regulación desde lo público, a partir de un derecho emergente que se tipifica y materializa con la fuerza que le es inherente al derecho a la participación ciudadana y popular, la cual también expresa su soberanía al momento de concebir políticas públicas. En esta misma vertiente, algunas ciencias sociales y humanas han incluido el trato ético a los animales como una línea novedosa de acción e investigación, generando en torno al mismo diversas posturas académicas que se relacionan, en su mayoría, con el desarrollo de ciudades incluyentes, seguras, solidarias y por ende protegidas. Es así como la protección de los animales ha entrado a formar parte de la agenda pública de varias ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina, una vez los gobiernos han tomado conciencia de la importancia de este asunto como uno de los ejes vertebrales del desarrollo social, humano y de justicia ambiental en un sentido amplio, al reconocer que: “Al excluir la sensibilidad de nuestras relaciones con el ecosistema sentamos las bases para su destrucción, pues los equilibrios entre los individuos y las especies, trátese de seres humanos, animales o plantas, están mediados por los cambios que detecta nuestra disposición sensible. Es a partir de la percepción de cambios térmicos, olfativos, o por otro tipo de fenómenos preceptúales, que tanto las plantas como los animales generan procesos restitutivos que protegen la permanencia de la vida mediante la articulación de nuevas singularidades a las cadenas tróficas. Sin afectación sensible por parte de los seres vivientes sería imposible mantener el equilibrio ecológico.”[22]

 

 

 

 

HERNANDO JOSÉ PADAUI ÁLVAREZ

Representante a la Cámara

                       Autor del Proyecto de ley.

 

 

 

 

 

 

AUGUSTO POSADA                                    CARLOS ABRAHAM JIMENEZ

Representante a la Cámara                            Representante a la Cámara

Coautor                                                       Coautor

 

 

 

 

 

JUAN MANUEL VALDES                             OSCAR HUMBERTO HENAO

Representante a la Cámara                            Representante a la Cámara

Coautor                                                       Coautor

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ G.                    WILLIAM GARCIA TIRADO

Representante a la Cámara                            Representante a la Cámara

Coautor                                                       Coautor

 

 

 

 

 

 

EDUARDO CRISSIEN                                JAIME ARMANDO YEPES M.

Representante a la Cámara                            Representante a la Cámara

Coautor                                                       Coautor

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO CARLOS CHACON                  CAMILO SANCHEZ

Representante a la Cámara                            Senador de la República

Coautor                                                       Coautor



Comentarios (1)

  • lina maria  mosquera lopez

    lina maria mosquera lopez:

    hola buena tarde a todos, es muy grato leer un articulo como este ya que apoyan a los animales, estoy muy interesada en saber como por medio de formularios y/o contratos de adopción se puede hacer uso de esta ley, hace poco se dio en adopción una gato en muy buenas condiciones y a los 8 días se devolvió el animal en condiciones deplorables, enfermo, desnutrido y traumado. espero su pronta respuesta y ayuda el respecto, saludos desde Cali.

    jun. 3, 2013 SpamAbusoEliminar

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