Vigencias futuras excepcionales

Dic 2011 04

Las Leyes, Ordenanzas y Acuerdos anuales sobre el Presupuesto General de la Nación, Departamentos y Municipios, son instrumentos para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social, mediante los cuales cada se otorgan las autorizaciones máximas de gasto para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva, la cual finaliza el 31 de diciembre de cada año, fecha después de la cual estas autorizaciones expiran.

Por ello, todo proyecto y programa se debe contratar, ejecutar, entregar y pagar dentro del mismo año, pero en la práctica, hay proyectos, esencialmente de infraestructura, que por su magnitud y complejidad se pueden contratar en un año, pero ejecutar, entregar y pagar en más de una vigencia.

Para esos eventos, la ley creó la figura denominada “Vigencias Futuras”, entendidas como aquellas autorizaciones que los órganos competentes entregan al Gobierno para que contraten obras que se ejecutan en varios años y que comprometen presupuestos más allá de la vigencia fiscal en la que se contratan.

La Ley 819/03 estipuló que la Nación puede utilizar este instrumento de dos formas, una ordinaria que implica erogaciones presupuestales en el año que se aprueba y en años posteriores; otra excepcional que permite que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiar en el año en que se aprueba, para obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa, seguridad y garantías a las concesiones. Para las entidades territoriales -departamentos y municipios-, las leyes solo autorizan la figura de vigencias futuras ordinarias, bajo condiciones especiales de no sobrepasar el periodo de Gobierno del mandatario al que se le otorga la autorización.

No comprendemos porque varias entidades territoriales utilizaron ilegalmente esta figura para proyectos cuestionados, con la única intención de lograr cierres financieros a costa de la viabilidad financiera futura de los entes territoriales, cuyas administraciones entrantes y otras más que vendrán, van a encontrar obligaciones que limitarán seriamente su capacidad de endeudamiento y las posibilidades de financiar sus planes de desarrollo.

Antioquia no es la excepción a la irresponsabilidad fiscal. En el Gobierno que termina se comprometieron presupuestos futuros por más de $1 billón para proyectos con problemas financieros, técnicos, jurídicos y ambientales como el Túnel de Oriente; tan controvertidos e ineficaces como el Plan Departamental de Aguas o que no se han cerrado financieramente como las Autopistas de la Montaña.

En el Congreso de la República acabamos de aprobar la Ley Orgánica que permitirá a las Asambleas y Concejos autorizar a los mandatarios a comprometer presupuestos de vigencias futuras de forma excepcional, para que bajo parámetros de responsabilidad y de transparencia fiscal, las entidades territoriales puedan ejecutar legalmente proyectos de infraestructura de gran envergadura e impacto social.

No aceptamos incluir en la ley la presunción de legalidad de todo lo actuado por los entes territoriales en materia de vigencias futuras, por tanto, no se reconocerán hechos ilegales cumplidos y los nuevos gobernantes territoriales deberán solicitar a sus Asambleas y Concejos, la ratificación o negación de las Ordenanzas y Acuerdos mediante los cuales se otorgaron autorizaciones ilegales de vigencias futuras excepcionales.

Esta figura no podrá utilizarse para eludir las normas de endeudamiento o comprometer irresponsablemente recursos de las entidades territoriales, como sucedió con el Túnel de Oriente. Nunca comprendimos el afán del Gobernador Ramos, de iniciar contra viento y marea antes de las elecciones de octubre 30, la cuestionada obra.

Tags: Eugenio Prieto Soto

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